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TINTA DE LA CASA
Marina y la memoria de los números
Marina del Pilar celebró en redes sociales que Baja California se convirtió en el Estado con menor pobreza del país, un resultado relevante que, independientemente de cualquier lectura política, sería mezquino relegarlo.
Y es trascendental, porque la medición de pobreza multidimensional no considera únicamente cuánto dinero entra a los hogares, sino también el acceso efectivo a derechos sociales.
Así que para integrar el indicador, en éste se toman en cuenta factores como el rezago educativo, los servicios de salud, la seguridad social, la calidad de la vivienda, los servicios básicos y la alimentación.
Por eso, la gobernadora atribuyó el resultado a una estrategia desarrollada en varios frentes, como lo han sido la entrega directa de programas sociales a quienes más los necesitan, el fortalecimiento de las becas para estudiantes de educación básica y los apoyos destinados a mujeres, personas adultas mayores y población con discapacidad.
También incorporó al balance la generación de empleos mejor remunerados, la llegada de nuevas inversiones y la ampliación de servicios e infraestructura en colonias que durante años permanecieron rezagadas.
Desde esa perspectiva, la política social no aparece separada de la actividad económica, sino vinculada con las oportunidades laborales, la permanencia escolar y el acceso a mejores condiciones de vida.
En cuanto al resultado, es fundamental comprender que también debe colocarse dentro de las características económicas de la entidad, marcada por una fuerte actividad industrial, comercial y de servicios, además de una amplia participación de su población en el mercado laboral.
Sí, en política las administraciones pueden construir muchos relatos, pero al final son los resultados medibles los que permanecen cuando comienza el balance, así que esta cifra llegará inevitablemente a esa conversación y formará parte de la fotografía con la que se evalúe la política social del sexenio marinista.
El regalo que Sheinbaum no aceptó
Hace casi un año, durante la gira que realizó por municipios de la Costa Chica de Guerrero los días 24 y 25 de agosto de 2025, Claudia Sheinbaum rechazó un regalo que el exgobernador Ángel Aguirre Rivero intentó hacerle llegar.
En ese momento, el gesto pudo parecer una simple precaución política, pero la detención del exmandatario, ocurrida este jueves por el caso Ayotzinapa, obliga a mirar aquel episodio bajo un matiz bastante revelador.
La Fiscalía General de la República sostiene que nuevas investigaciones y testimonios protegidos señalan a Aguirre por su presunta participación en el ocultamiento de pruebas que podrían ayudar a esclarecer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.
Entre esas evidencias estarían videograbaciones del Palacio de Justicia de Iguala, cuya existencia fue negada durante años bajo el argumento de supuestas fallas técnicas.
No se puede afirmar que Sheinbaum supiera entonces que la detención estaba próxima, pero sí quedó claro que no estaba dispuesta a otorgarle al exgobernador una fotografía, una cortesía o un gesto de cercanía que después pudiera transformarse en moneda de protección política.
Aguirre, en cambio, debía conocer mejor que nadie el tamaño de los pendientes que arrastraba desde aquella noche del 26 de septiembre de 2014 y probablemente ya alcanzaba a percibir que el expediente volvía a cerrarse sobre él.
La presidenta actuó con una distancia que ahora habla de integridad política. No se doblegó ante el peso regional de Aguirre, no aceptó el obsequio y tampoco permitió que una atención aparentemente inocente construyera la imagen de una relación inexistente.
Ahora corresponderá a la Fiscalía probar sus acusaciones y a los tribunales determinar responsabilidades.
Sin embargo, en el terreno político, la escena ya dejó la conclusión contundente de que mientras Aguirre buscaba acercarse cuando comenzaba a venírsele la noche, Sheinbaum tuvo la prudencia de mantener las manos lejos de aquella caja.